En su reciente visita al país, la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, manifestó que frente a la globalización y el rápido cambio técnico, el crecimiento y el mejoramiento de las condiciones de desarrollo de las sociedades contemporáneas encuentran en la innovación uno de sus principales desafíos. Para afrontarlos, los países y los gobiernos deben encauzar sus esfuerzos hacia este factor. En consecuencia, para ella, el reto que en materia de crecimiento y progreso económico y social tienen los países en desarrollo se puede resumir en la expresión, innovar o morir.
Según la señora Bachelet, Chile incorporó la innovación como parte fundamental de las políticas de exportación. Para ello, las actividades de ciencia, tecnología e innovación (CTI), y en especial esta última, se tradujeron en política de Estado, logrando que la innovación se convirtiera, en los mercados internacionales, en un elemento diferenciador de sus exportaciones y generador de valor agregado.
La decisión del país austral de llevar a cabo una activa intervención del Estado para el desarrollo de la innovación, ha implicado la formulación y ejecución, en una alianza público-privada, de un Plan Nacional de Innovación; el aumento del gasto en CTI a no menos del uno por ciento del PIB; la creación de un fondo público para enviar a jóvenes a formarse como doctores en el exterior -el año pasado se adjudicaron 3.200 becas-; y acelerar el avance en materia digital.
El gobierno chileno ha entendido que para garantizar que el país continúe transitando por su senda de crecimiento, que lo ubica como la economía más competitiva de Latinoamérica, Chile tiene que hacer de la incorporación creciente de conocimiento, el fundamento último de la productividad y la competitividad.
El caso chileno debe convertirse en una fuente de aprendizaje para Colombia, pues aunque en el país se han venido construyendo instituciones y capacidades en CTI, este proceso se ha caracterizado por su avance lento y discontinuo a través del tiempo.
La falta de compromiso político y social con la CTI ha hecho que las políticas públicas adolezcan de contundencia. Por tal motivo, Colombia, antes que distinguirse en el concierto de países, aparece, en esta materia, entre el grupo de rezagados tanto a nivel latinoamericano como mundial.
A pesar de que en nuestra economía hay un número reducido de empresas que hacen de la innovación su eje de crecimiento, el grueso del aparato productivo y de servicios mantiene una estructura muy básica y poco sofisticada que no tiene en la incorporación de conocimiento su fuerza de desarrollo.
Al igual que Chile, el país viene acelerando la firma de acuerdos comerciales pero, contrario a esa nación, no disponemos de una estructura de CTI sólida ni de una política decidida en estas materias. En esas condiciones, le quedará muy difícil a Colombia sacar el máximo provecho posible de las oportunidades comerciales derivadas de dichos acuerdos.
Para hacer de la innovación el foco central de la CTI, es necesario, además de una decidida política pública, el compromiso del sector privado y de los entes locales y regionales. Por tanto, el empresariado colombiano no puede seguir indiferente ante el manejo que el sector público hace de las actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación. Por el contrario, debe involucrarse más activamente en esos procesos y reconocer que la competitividad futura de su aparato productivo y de servicios está, precisamente, en la capacidad que tenga Colombia de generar y utilizar conocimiento.
Según la señora Bachelet, Chile incorporó la innovación como parte fundamental de las políticas de exportación. Para ello, las actividades de ciencia, tecnología e innovación (CTI), y en especial esta última, se tradujeron en política de Estado, logrando que la innovación se convirtiera, en los mercados internacionales, en un elemento diferenciador de sus exportaciones y generador de valor agregado.
La decisión del país austral de llevar a cabo una activa intervención del Estado para el desarrollo de la innovación, ha implicado la formulación y ejecución, en una alianza público-privada, de un Plan Nacional de Innovación; el aumento del gasto en CTI a no menos del uno por ciento del PIB; la creación de un fondo público para enviar a jóvenes a formarse como doctores en el exterior -el año pasado se adjudicaron 3.200 becas-; y acelerar el avance en materia digital.
El gobierno chileno ha entendido que para garantizar que el país continúe transitando por su senda de crecimiento, que lo ubica como la economía más competitiva de Latinoamérica, Chile tiene que hacer de la incorporación creciente de conocimiento, el fundamento último de la productividad y la competitividad.
El caso chileno debe convertirse en una fuente de aprendizaje para Colombia, pues aunque en el país se han venido construyendo instituciones y capacidades en CTI, este proceso se ha caracterizado por su avance lento y discontinuo a través del tiempo.
La falta de compromiso político y social con la CTI ha hecho que las políticas públicas adolezcan de contundencia. Por tal motivo, Colombia, antes que distinguirse en el concierto de países, aparece, en esta materia, entre el grupo de rezagados tanto a nivel latinoamericano como mundial.
A pesar de que en nuestra economía hay un número reducido de empresas que hacen de la innovación su eje de crecimiento, el grueso del aparato productivo y de servicios mantiene una estructura muy básica y poco sofisticada que no tiene en la incorporación de conocimiento su fuerza de desarrollo.
Al igual que Chile, el país viene acelerando la firma de acuerdos comerciales pero, contrario a esa nación, no disponemos de una estructura de CTI sólida ni de una política decidida en estas materias. En esas condiciones, le quedará muy difícil a Colombia sacar el máximo provecho posible de las oportunidades comerciales derivadas de dichos acuerdos.
Para hacer de la innovación el foco central de la CTI, es necesario, además de una decidida política pública, el compromiso del sector privado y de los entes locales y regionales. Por tanto, el empresariado colombiano no puede seguir indiferente ante el manejo que el sector público hace de las actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación. Por el contrario, debe involucrarse más activamente en esos procesos y reconocer que la competitividad futura de su aparato productivo y de servicios está, precisamente, en la capacidad que tenga Colombia de generar y utilizar conocimiento.
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